Ante situaciones catastróficas causadas por desastres naturales o emergencias sanitarias como la que enfrentamos actualmente por el virus del COVID-19, en las ciudades, uno de los sectores de la población más afectados es el que se encuentra en asentamientos informales. Estas comunidades viven con grandes carencias y limitaciones que las dejan en un alto grado de vulnerabilidad, por lo que deben ser una de las prioridades de los gobiernos locales.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, más de 95% de los casos de COVID-19 en el mundo se han dado en alrededor de 1,500 ciudades, por lo que las instituciones nacionales y locales, así como los sistemas de salud han puesto a prueba su funcionamiento para atender a la población, en particular a aquellas personas en mayor riesgo, por vivir en condiciones de hacinamiento, en viviendas poco adecuadas o carentes de servicios básicos como agua y saneamiento que les hacen extremadamente difícil implementar medidas para limitar la transmisión.
Como
hemos visto en estos últimos meses los gobiernos se han encargado de difundir e
implementar, dentro de sus posibilidades,
medidas de mitigación para afrontar el impacto socioeconómico de esta
pandemia; sin embargo, en muchos casos no ha sido suficiente. En este sentido,
y para colaborar con 64 países para hacer frente a esta crisis, ONU-Hábitat ha
lanzado el Plan de Respuesta al COVID-19,
así como una campaña que tiene el objetivo de promover el apoyo a las
comunidades vulnerables a través de su red de profesionales urbanos,
organizaciones de base y empresas.
Dicho plan pretende ser una guía de respuesta local frente a la emergencia del nuevo coronavirus que centra la acción en áreas pobres y densamente pobladas, con el fin de resolver sus necesidades inmediatas y proveerles mayor seguridad en el afán de generar ciudades más inclusivas, resilientes, seguras y sostenibles.
El Plan de Respuesta al COVID-19 fue configurado a partir de cinco ámbitos fundamentales: coordinación, información, mapeo, mitigación y reactivación. Los primeros tres se centran en el manejo de los datos en favor de la comunidad, en tanto que plantean el establecimiento de plataformas locales de coordinación, la creación de espacios de diálogo entre autoridades y población, así como la emisión de protocolos de preparación y respuesta a seguir, campañas de sensibilización y capacitaciones a la comunidad sobre medios de protección ante el COVID-19. Asimismo, propone realizar un mapeo de las comunidades en un sistema georreferenciado para conocer datos socioeconómicos, de infraestructura y disponibilidad de servicios e identificar zonas de alto riesgo. Por otro lado, los últimos dos puntos del plan proyectan el desarrollo de medidas de apoyo durante y después de la epidemia para aminorar el impacto económico de ésta en los grupos vulnerables. Entre las estrategias en el momento de la crisis se incluyen la creación de infraestructura, servicios básicos y equipamientos temporales que atienda a las necesidades inmediatas, la implementación de iniciativas de solidaridad, proporcionar servicios de protección social y de salud, y asegurar la cadena de suministro y distribución del mercado local, además de hacer un monitoreo del crimen y la violencia. Por último, habrán de formularse acciones a futuro que busquen la reactivación de la comunidad en apego a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible formulados por ONU-Hábitat.
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